El titular del interior, Jorge Fernández Díaz, llevará previsiblemente el próximo viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley orgánica de Protección a la seguridad ciudadana. La nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo de hasta 600.000 euros, para las concentraciones no autorizadas frente al congreso de los diputados, los escraches y la grabación y difusión de agentes de las fuerzas de seguridad, mientras que insultar a un agente o cultivar marihuana aunque sea para consumo propio, conllevará una sanción de hasta 30.000 euros.
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